Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet II”. La "valiente" decisión del gobierno de Zapatero

Ayer, 19 de marzo, en Perogrullo, por Pepe Cervera.

Según parece el gobierno se dispone a aprobar sin modificación en el consejo de Ministros de hoy en Sevilla el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Esta norma incluye una infame Disposición Final Primera que crea un mecanismo de cierre y bloqueo administrativo de páginas web en España con un control judicial mínimo e insuficiente, abriendo la puerta a su posible uso como herramienta censora y poniendo en riesgo libertades ciudadanas básicas. Como muestra de mi oposición, republico el Minifiesto ‘En Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet’ que inició la resistencia contra esta norma el pasado diciembre, y que sigue vigente.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

• Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

• La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

• La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

• La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

• Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

• Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

• Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

• Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

• Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

• En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

La valiente decisión del gobierno Zapatero

Cuando tenía que ofuscar a sus superiores los políticos el personaje del superfuncionario Sir Humphrey Appleby de la corrosiva serie británica 'Si, Señor Ministro' usaba dos argumentos letales. El primero y menos potente era calificar la idea de 'novedosa', una descalificación intensa para su mentalidad burocrática, en la que cualquier cambio sólo podía ser a peor. Para los casos más graves de obcecación ministerial Sir Humphrey reservaba el más intenso e infalible de sus calificativos, que jamás fallaba en poner a los políticos de su lado: motejar la medida de 'valiente'. Porque en la definición de Sir Humphrey una medida 'valiente' era aquella que trataba de atajar un grave problema real con perspectivas quizá de resolverlo, pero que a cambio te hacía perder las elecciones. Es en este sentido que cabe calificar de 'valiente' la decisión del gobierno Zapatero de enviar al Congreso la actual formulación de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible, que crea un sistema de cierre y bloqueo administrativo de páginas web con la más tenue de las supervisiones judiciales. Porque si la ley se aprueba de esta forma, Zapatero y los asesores que le recomiendan esta medida habrán hecho perder las siguientes elecciones a su partido.

Puede que el método desarrollado para bloquear páginas consiga resolver el problema para el que se ha inventado (eliminar un centenar de páginas de enlaces a contenidos culturales robados), o quizá no. Puede que las consecuencias negativas que temen muchos internautas (cierre de páginas sin control judicial adecuado, debilitamiento de la libertad de expresión, quizá mañana censura política) se materialicen, o tal vez no. Pero lo que es bastante probable es que el PSOE pague la medida con la pérdida de la sede del gobierno, y del temido control sobre el BOE. Y todo por defender convicciones morales e interpretaciones jurídicas sobre el robo de derechos de autor que los jueces no comparten. Una medida en verdad valiente: para defender sus ideas gente como Andrés Torres Mora y Jose Luis Rodríguez Zapatero están dispuestos a condenar a su partido a calentar banquillo en la Leal Oposición, tal vez durante mucho tiempo.

¿Suena a exageración? En el actual panorama político es más que probable que el partido que consiga atraer más internautas sea el partido que acabe ganando las elecciones. Es más; aquel partido que atraiga y mantenga en su órbita a los internautas tiene la posibilidad de garantizarse una de esas épocas de dominio monocolor que los políticos adoran, porque les permiten sacar adelante su agenda real. Mientras tanto, quien enemiste y rechace a la gente de Internet será quien se encuentre con un escalón insalvable para acceder a La Moncloa. Porque las cifras no mienten.

En las últimas elecciones generales la diferencia entre los dos partidos mayoritarios fue de 1.010.889 votos en toda España. Según el último EGM en España 19.921.000 personas (el 50,5% de la población) navegan al menos una vez al mes, y 14.001.000 españoles (el 35,5% de los mayores de 14 años) lo hacen todos los días. Bastaría con que un pequeño porcentaje de estas personas cambiasen la orientación de su voto para que el partido gobernante se encontrase con serias dificultades. En especial cuando la diferencia según las encuestas está a favor de sus adversarios del Partido Popular. La población que utiliza Internet, además, es de los pocos colectivos en España que crece continua y aceleradamente, por lo que la Red se va a convertir sin duda en un importante caladero de votos. Y todo esto hablando simplemente de demografía, sin contar siquiera con el uso de la Red que han llevado a cabo políticos como Barack Obama, demostrando el poder de este nuevo medio.

Frente a esta erosión de voto la medida tan sólo puede obtener el respaldo de un reducido puñado de autores profesionales, cuyo número es demasiado reducido como para suponer un impacto apreciable. Y el agradecimiento de organizaciones intermediarias como la SGAE, que en estos momentos y mientras sigan empeñadas en sus campañas de criminalización de comportamientos aceptados socialmente son verdadero veneno electoral. Probablemente sólo ETA y Al Qaeda están ahora mismo por encima de la SGAE en términos de valoración por parte de la ciudadanía; un dato que debiera hacer reflexionar a sus directivos. Pero que mucho más tendría que hacer pensar a aquellos dirigentes del PSOE que desean mantener el poder y sacar adelante sus ideas en el gobierno. Las medidas que se disponen a aprobar son enormemente impopulares, de dudosa legalidad, ponen en riesgo libertades fundamentales, enemistan a una de las pocas demografías crecientes del electorado y asocian la marca del partido con grupos que baten récords de rechazo social. A cambio obtienen tan sólo la aprobación de algunas de las organizaciones menos queridas del país. Y la satisfacción de hacer lo que uno piensa que es correcto.

Sir Humphrey Appleby sin lugar a dudas calificaría esta iniciativa como 'valiente'. Sin duda hay que proteger la creación, defender los derechos de los autores y acabar con los abusos de quienes se lucran con contenidos ajenos. Estar dispuesto a perder el gobierno de un país para hacerlo del modo que uno piensa que es el correcto roza, ciertamente, el heroísmo político. O tal vez la estupidez. Jose Luis Rodríguez Zapatero puede pasar a la historia como el tipo que por convicción le regaló Internet a sus adversarios políticos. El futuro juzgará el calificativo que merece semejante decisión.

Enlace original (manifiesto):
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet II”, en Perogrullo, por Pepe Cervera.

Enlace original (artículo) :
La valiente decisión del gobierno de Zapatero, en RTVE.es Retiario, por Pepe Cervera .